Del encuentro “Una década de Políticas de Estado en el Poder Judicial. Los nuevos desafíos”, que se realizó de manera virtual participaron el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; María Claudia Caputi, presidenta de la Red de Mujeres para la Justicia, y jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala II); Ariel Gustavo Coll, miembro de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, y juez del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa; Marcelo Galle Tagle, miembro de la Asociación de Magistrados y juez del Juzgado Nacional en lo Civil N°17; Javier Leal de Ibarra, miembro de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales, y juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia; Ariel Lijo, miembro de la Asociación de Jueces Federales, y juez del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N°4; Dr. Mariano Llorens, miembro de la Asociación de Magistrados y juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura, y juez de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín; y Karina Perilli, miembro de la Junta de Tribunales Orales Federales y jueza del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3. La coordinadora fue María Bourdin.
Lorenzetti destacó que en el año 2007, en el ámbito de la Corte Suprema, la Corte elaboró el documento de “Políticas de Estado para el Poder Judicial”, pieza central de trabajo institucional desde ese momento a la actulidad. Con posterioridad se discutió en las Conferencias Nacionales de Jueces realizadas en los años 2006, 2007, 2008, 2014, 2016. Luego se hizo otra profundización en la Corte a principios del año 2018. Y resaltó que los principios generales de estas políticas de estado son: 1) Que las reformas se deben enfocar en la demanda social y no en las disputas de poder; 2) Que las reformas deben enfocarse en la independencia; 3) Que el Juez debe dedicarse a dictar sentencias: es fundamental separar la actividad judicial de la administración y gestión.
Lorenzetti también señaló que el Poder Judicial debe ser reformado para servir al pueblo. Dichas reformas no deben ser disputas de poder, no debe ser sobre quién designa más jueces o juezas de una determinada tendencia; no deben ser orientadas a la imagen. Las reformas deben ser pensadas para elegir jueces que puedan servir al pueblo, porque el poder es un servicio, tiene como objetivo generar paz social. Aseguró también que “mientras los gobiernos hablan de las disputas de poder, los pueblos de sus problemas; el poder es un servicio para asegurar la paz social, no para alterarla” y que “no hay desarrollo económico ni seguridad para la población sin un poder judicial profesional e independiente».
A continuación, subrayó que desde el año 2007 se vienen insistiendo en estos principios entre los que se encuentran reformas en comunicación y prensa (creación del Centro de Información Judicial, convenios con ADEPA y FOPEA, entre otros); gestión e informatización (creación de la Comisión Nacional de Gestión Judicial, establecimiento del sistema informático de gestión judicial, audiencias mediante videoconferencia, consulta WEB de Causas); narcotráfico (creación de la Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico a través de la Acordada 28/2015); acceso a justicia (creación de la Comisión de Acceso a la Justicia mediante las Acordadas 37/2007 y 5/2009); celeridad en los juicios (creación de las Comisiones sobre Celeridad en los Procesos de la Justicia Penal, vía Acordada 32/2013); violencia doméstica (se creó la Oficina de Violencia Doméstica a través de la Acordada 29/2006); política de género a través de la creación de la Oficina de la Mujer (Acordada 13/2009); lesa humanidad (creación de la Unidad de Superintendencia de los Delitos de Lesa Humanidad mediante la Acordada 42/2008); justicia ambiental (creación de la Oficina de Justicia Ambiental, a través de la Acordada 1/2014, y la Comisión de Ambiente y Sustentabilidad); Corrupción (se creó el Cuerpo de Peritos Especializados de la Nación, Especializado en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, vía la Acordada 34/2014); cárceles, que ha sido una preocupación permanente y por eso se creó una comisión sobre Problemática Carcelaria; Procesos colectivos (la Corte dictó el fallo “Halabi” creando pretorianamente un proceso colectivo, además se creó el Registro Público de Procesos Colectivos, a través de la Acordada 32/2014).
Con respecto a la independencia judicial, Lorenzetti mencionó que el sistema constitucional ha dividido las funciones, separándolas de modo que nadie concentre todo el poder. La Constitución reconoce a la Corte Suprema como la titular del Poder Judicial (Art 108), pero luego establece que es el Consejo de la Magistratura el que administra el presupuesto y el que selecciona y sanciona a los jueces/as (Art 114), y el Congreso es quien sanciona las leyes (Art 77) que pueden organizar el poder judicial; y, finalmente, el Poder Ejecutivo, tiene un poder relevante en la conformación de todo el proceso. Este reparto de funciones es inmodificable pero requiere algunos presupuestos para que funcione coordinadamente, que han sido definidos en las Conferencias Nacionales. Uno de ellos es la autonomía presupuestaria, en función de lograr eso la Corte se autoprotegió con la creación de los fondos anticíclicos (Acordadas 32/2008; 33/2008; 34/2008; 4/2013; 6/2013); otra es la asistencia científica (creación del Centro de asistencia judicial mediante Acordada 35/2017); Oficina de escuchas, a través de la Corte diseñó un sistema gradual para transformarla en un organismo de asistencia científica, muy necesaria para la investigación criminal. Se organizó la Dirección de Captación de Comunicaciones (Acordada 2/2016) que luego derivó en una ampliación: Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Acordada 30/2016); Cuerpo médico forense; Foro de políticas de Estado, un espacio constituido dentro del Máximo Tribunal orientado al debate participativo como pilar del estado de derecho, del que participan estudiantes y jóvenes graduados de universidades de todo el país, que generó “Diálogos Interdisciplinarios”.
Luego llegó el turno de la Dra. María Claudia Caputi, presidenta de la Red de Mujeres para la Justicia, y jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala II). Caputi aseguró que “hay consenso en que no aceptamos nada menos que, junto con la independencia, la eficiencia, la buena gestión, y la mejora bajo un paradigma de servicio de toda la Justicia, logremos la despatriarcalización del sistema judicial en su conjunto, bajo un enfoque interseccional que reconozca todos los diferentes ejes que atañen al respeto pleno de los derechos humanos y en particular de las mujeres, disidencias, y otros grupos histórica y estructuralmente discriminados”.
Destacó también las políticas llevadas a cabo por la CSJN, en particular el hecho de recabar datos y transformar esos datos en análisis sobre la discriminación y la violencia de genero. “Por ejemplo”, dijo, “hemos tenido el mapa de género, que ha sido pionera la Argentina, el registro de femicidios, la base de jurisprudencia, que es una formidable herramienta. Luego, todos esos datos, en vez de quedar dispersos, se les ha dado utilidad, llevando a cabo muy valiosas capacitaciones y sensibilizaciones en materia de género, con toda una difusión que la complementa, que es indispensable”.
A continuación, tomó la palabra el Dr. Ariel Gustavo Coll, miembro de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, y juez del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa. El Dr. Coll destacó el trabajo de la Junta Federal de Cortes, fundada en 1994, y que nuclea a las cortes y superiores tribunales de todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha Junta, además de atender el 80% de la litigiosidad del país, ha hecho de la independencia judicial una de sus banderas fundamentales, aseguró Coll. “Entendemos nosotros los jueces provinciales que es un principio que determina la existencia misma del Poder Judicial. Sin independencia no puede ni siquiera pensarse la existencia de los poderes judiciales. La defensa de la independencia judicial ha sido siempre un principio fundamental de la Junta Federal de Cortes desde su fundación”, explicó el magistrado.
“Para toda esta gestión”, continuó Coll, “es fundamental contar con tecnología adecuada. La tecnología es una herramienta que debe ser utilizada para programar, organizar, dirigir y ejecutar las tareas administrativas y de superintendencia de los poderes judiciales. En la Junta Federal de Cortes, desde el año 2019, en una reunión que realizamos en Ituzaingó en la provincia de Corrientes, está funcionando porque se creó el Instituto Federal de Investigación y Tecnología de los Poderes Judiciales. Ese instituto, que fue pensado como un espacio de intercambio de experiencias, cuando viene la pandemia el instituto pasó a ser de un mero espacio de reflexión y análisis a un motor impresionante de cambio que se fueron generando a partir de lo que teníamos que hacer nosotros como jueces que era garantizar el servicio de Justicia a distancia, con los tribunales cerrados, trabajando online. Y el Instituto de Tecnología está trabajando hoy a partir de un convenio que firmamos con la Arsat hace un año y medio, en lo que se llama la nube judicial, que va a ser una plataforma de servicios en donde todas las provincias van a poder coparticipar de servicios judiciales que se van a brindar en esa plataforma”.
El siguiente orador fue el Dr. Marcelo Gallo Tagle, titular de la Asociación de Magistrados y juez del Juzgado Nacional en lo Civil N°17. Gallo Tagle centró su discurso en la independencia del Poder Judicial. “Desde la Asociación de Magistrados”, subrayó, “reiteradamente hemos señalado que la consolidación de la independencia del Poder Judicial no es un privilegio de los jueces, sino que representa un derecho de los ciudadanos, y es la garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible. Debemos comunicar adecuadamente a la ciudadanía que esa independencia no es una defensa corporativa, sino una garantía a favor de ella”.
También declaró que “el respeto de la independencia judicial debe venir de los otros poderes del Estado y en general de todas las autoridades institucionales y organismos nacionales o internacionales, como así también de los diferentes grupos u organizaciones sociales, políticos, económicos. Este respeto conlleva hacer efectiva la independencia de la judicatura”.
Otro tema que destacó son las políticas de género que han sido parte sustancial dentro de las políticas de gestión que lleva adelante el Poder Judicial. La Corte Suprema ha liderado esas políticas desde el año 2000, en el año 2004 comenzó el proyecto de creación y puesta en funcionamiento de la Oficina de Violencia Doméstica y en el año 2009 lo hizo la Oficina de la Mujer. «Los datos de la OVD sirven para el diseño de políticas públicas por parte de los otros poderes del Estado. Toda esta información colectada por ambas oficinas viene a demostrar que el Poder Judicial de la Nación ha sido pionero en promover políticas de género, y de impulsar la capacitación de todos los Magistrados, Funcionarios y Empleados en forma intensa y permanente. Por su parte, el mapa de género de la Oficina de la Mujer ha puesto de manifiesto que cuando es el poder judicial el que debe elegir a la persona que ocupará un cargo, las mujeres son un poco más de la mitad de la estructura del personal; sin embargo, cuando esos puestos deben ser ocupados por personas que son elegidas por el PE y por el Senado, son los varones los que alcanzan la mayoría de las posiciones», mencionó.
Luego la palabra le fue cedida al Dr. Javier Leal de Ibarra, miembro de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales, y juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. El magistrado habló sobre la importancia de la tecnología en el Poder Judicial. Aseguró que la tecnología ha sido una herramienta esencial para el desarrollo de la actividad jurisdiccional, desarrollada a través de esta política de Estado marcada desde la Corte Suprema. Sin menospreciar la importancia del vis a vis del juez con las partes, y con el imputado, esencial para realmente llevar delante de la mejor manera posible la actividad jurisdiccional, Leal de Ibarra consideró que “frente a las circunstancias que atravesamos en los últimos dos años, la tecnología fue esencial para que el Poder Judicial pudiera dar la respuesta que ha dado”.
Después destacó el trabajo de la DAJUDECO y agregó que “como novedad, también como política de Estado, se está instrumentando la posibilidad de que hoy las interceptaciones, cuanto menos las informaciones que se brindan a los magistrados de las escuchas realizadas se lleven adelante a través de una plataforma digital mediante la que se logra que de ninguna manera exista ninguna posibilidad de que estas interceptaciones sean conocidas por personas que no las deben conocer”.
Seguidamente habló el Dr. Ariel Lijo, miembro de la Asociación de Jueces Federales, y juez del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N°4. Lijo destacó la importancia de este tipo de encuentros, ya que a través de estos debates se pueden saber las necesidades que tienen los jueces. “Los jueces hablamos como si fuésemos una sola cosa y tienen realidades totalmente distintas en los distintos lugares del país y en las distintas materias que atienden. Con escuchar muchas veces a los jueces de las provincias, que están aislados, lidian con situaciones que son impensadas para nosotros y para la gente que los desconoce. Yo creo que al hacer públicas estas situaciones y que la gente escuche qué es lo que nos pasa, contribuye culturalmente con la percepción social que se tiene de determinadas conductas. El derecho y la realidad constitucional son construcciones colectivas, son procesos que se desarrollan en el tiempo”, aseguró.
Siguió con el tema del crimen organizado, y las asociaciones criminales internacionales, transnacionales ya. Sobre esta cuestión consideró que “a los problemas de cooperación internacional que ya tenemos, hay que agregarle que en el derecho continental europeo o en los países con tradición anglosajona, si bien coinciden en los métodos teóricos, los métodos prácticos de investigación son completamente distintos y eso conspira muchas veces no solo con la respuesta que se da en distintos lugares del mundo sino también en cómo se colabora. Y nos lleva a lo que sabemos hacer en tribunales o a la tradición jurídica que es atender caso por caso y nunca tenemos una foto completa de cuál es la situación. El desafío que tenemos con esto es salir del caso a caso y generar una política que nos permita enfrentar la situación del crimen organizado de manera global, sobre todo a nivel regional”.
Luego volvió a destacar este tipo de encuentros, ya que el “mayor valor de este tipo de encuentros es generar una mayor conciencia pública sobre estas cuestiones, pero también quiero recalcar que tiene una gran influencia sobre la generación de una cultura en el propio Poder Judicial”.
A continuación, tomó la palabra el Dr. Mariano Llorens, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Llorens centró su discurso en la importancia de la interacción del Poder Judicial con el resto de los poderes del Estado, sobre todo en relación a la creación políticas públicas. “Somos actores principales como para poder nutrirlos a ellos de nuestra experiencia, para poder ayudar al resto de los poderes del Estado, nosotros compartimos esta tríada democrática de conformación del Estado general, para que los poderes del Estado puedan ofrecer soluciones a la sociedad para temas puntuales”, mencionó, y agregó que “ayudar al resto de los poderes del Estado es también un desafío propio porque nosotros aprendemos todos los días de la realidad, aprendemos todos los días a interactuar con la realidad, aprendemos todos los días a ponerle límites a los poderes, a los poderes fácticos y a los poderes políticos, públicos. Nosotros somos la reserva para poder poner las cosas en su lugar, en orden, sin confrontar, solamente haciendo cumplir la ley y la Constitución”.
A modo de cierre de su alocución destacó las palabras de la Dra. Carmen Argibay, quien en su momento declaró que “Sin independencia no hay ninguna posibilidad de que el juez sea lo que realmente debe ser: custodio incondicional de la Constitución Nacional y de la democracia. El juez tiene la obligación de regular el equilibrio que debe existir entre la soberanía del pueblo y la soberanía de los valores constitucionales, que es lo que constituye la democracia. A veces esto nos cuesta dolores y sufrimientos. Debemos aceptarlo. Malas noches, perores ratos, críticas, y muy duras, sin embargo, esto es lo que hace el honor de mantener la función para la Constitución, la democracia y los valores constitucionales”.
El siguiente orador fue Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura, y juez de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. Lugones también eligió el tema de la independencia del Poder Judicial y se mostró preocupado sobre la cuestión de las vacantes. “En este momento hay alrededor de 15, creo que más, concursos para ser aprobados para la cobertura de más de 60 vacantes y, ¿qué está ocurriendo? Pareciera ser que las instrucciones políticas eternas al Poder Judicial, al propio Consejo y a los propios consejeros que los integramos, están tratando de frenar esa aprobación eterna, muchas de ellas sin disidencia alguna en la aprobación de la comisión. Con lo cual, no entiendo por qué no se pueden aprobar”, aseguró. Además, dijo que “en los procesos de pliegos y acusación, es nuestro compromiso como magistrados que representamos a los jueces de todo el país, evitar que se persiga políticamente a los jueces por el contenido de sus sentencias. Eso lo decía claramente la primera o segunda de aquella conferencia de los jueces. Y hoy seguimos discutiendo”.
También habló sobre las diferencias entre los consejeros, que son “meramente coyunturales, es toda gente muy respetable, y lamentablemente los problemas se suscitan cuando las políticas partidarias pretenden influir y de hecho influyen en nuestras decisiones. Lo que se deberá corregir a futuro, no sé si con los proyectos de ley que están hoy para ser tratados, según se verá a buen fin, se conseguirá. Pero siempre estamos dispuestos a aportar nuestro granito de arena como lo hemos conversado muchas veces con el Dr. Lorenzetti para que esto mejore”.
Hacia el final llegó el turno de la Dra. Karina Perilli, miembro de la Junta de Tribunales Orales Federales y jueza del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3. Perilli, quien destacó la reacción del Poder Judicial en épocas de pandemia: “La situación pandémica nos puso a prueba, nos ha mostrado nuestra capacidad de respuesta a la sociedad en una circunstancia tan excepcional. Nos ha permitido ampliar nuestros recursos, innovar y particularmente darnos cuenta de nuestro potencial de adaptación a los cambios, nuevas problemáticas y requerimientos de la sociedad a la que formamos parte. Las medidas de aislamiento y restricción nos hicieron reflexionar y repensar las formas tradicionales de administrar Justicia, aceleró la implementación del expediente digital y el proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio centrado en el uso de herramientas tecnológicas para optimizar los trámites de las causas. Desarrollamos audiencias y juicios orales a través de sistema de video transferencias manteniendo abiertos y creando nuevos canales de comunicación con las partes”.
Por último, volvió a tomar la palabra el Dr. Lorenzetti quien agradeció a los medios de comunicación la cooperación, “este puente que permite que el Poder Judicial se comunique con la sociedad”. También destacó la necesidad de más cooperación con los otros poderes del Estado. “El Poder Judicial solo no puede transformarse. Necesitamos cooperación para mejorar el servicio enfocado, como dijimos, en las necesidades de la población”, aseguró Lorenzetti.
A modo de cierre se dirigió a los ciudadanos argentinos y explicó que la idea de estos debates públicos es mostrar que “hay muchísimas personas, hombres y mujeres del derecho que están por vocación, que creen que el derecho es la mejor manera de regular la vida social, económica, institucional de un país y sepan, cuando les vean la cara o cuando los conozcan, que van a tener la tranquilidad de que nosotros siempre vamos a defender estos principios. Están en la constitución y la ley: poner límites, defender los derechos, proteger la ciudadanía es nuestra función. Así lo haremos”.