El próximo jueves a las 10 la Corte pondrá en marcha nuevamente las audiencias públicas implementadas en el año 2007 durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti y suspendidas durante la pandemia. Será en el caso De Negri versus Google por el “Derecho al Olvido”, disputa aún sin precedentes en el Máximo Tribunal que enfrenta el derecho a la intimidad y el derecho a la información. La transmisión podrá seguirse en vivo a través del Centro de Información Judicial.
La implementación de las audiencias públicas por primera vez en la historia fue parte del nuevo modelo comunicacional de la Corte que implementó Ricardo Lorenzetti durante su presidencia, cuando se realizaron 33 audiencias públicas transmitidas a través del Centro de Información Judicial, y a las cuales cualquier persona interesada, con previa inscripción, podía asistir. Durante la presidencia de Carlos Rosenkrantz se realizaron cuatro y para este primer semestre hay acordadas audiencias relativas a cuatro temas: derecho al olvido, cannabis medicinal, preservación de especies en peligro de extinción y actividad económica –Yaguareté, y corredores inmobiliarios.
Existen tres tipos de audiencias. Por un lado la audiencia conciliatoria, que es cuando hay un proceso clásico de dos partes y existe la posibilidad de conciliar, de ponerlos de acuerdo. La Corte llama a audiencias conciliatorias en donde están las partes y los jueces intentan ponerlos de acuerdo para que el litigio no siga. La última audiencia de este tipo fue la que protagonizaron el pasado jueves Horacio Rodríguez Larreta y Eduardo “Wado” de Pedro en la disputa por la Coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Después está la audiencia de organización del proceso. El ejemplo paradigmático es la causa del Riachuelo, causa que si hubiera sido conducida procesalmente conforme a lo que dice el Código de Procedimiento, es decir una demanda, o un traslado, todavía ahora estaría en etapa de contestación de las excepciones. Cuando son megacausas con múltiples partes actoras y demandadas, muchos objetos procesales, mucha prueba difícil que las partes ofrecen, la única manera de tener una justicia dinámica y efectiva es llamar a todos y tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo se realizará el proceso, o cómo se manejarán las pruebas, o dejar determinado qué es importante y qué no. En este tipo de audiencias hay un rol activo del juez en la organización del proceso.
El tercer tipo de audiencia es la que se convoca en los juicios denominados de relevancia institucional, que son aquellos que no solo interesan a las partes, sino también a los terceros que no son parte en el proceso, y tienen entonces trascendencia. Cuando se califica un proceso, un juicio, un litigio, un caso, como de trascendencia institucional – o cuando las partes lo piden –, se hace una audiencia pública. Y esta audiencia pública tiene por efecto escuchar a las partes en sus argumentos, y normalmente escuchar a los Amigos del Tribunal que son aquellos que vienen a alegar en favor de una de las partes.
En una conferencia que dio en la Universidad Torcuato Di Tella, titulada ‘Las audiencias públicas y la Corte Suprema’, Lorenzetti habló sobre las audiencias públicas denominadas de relevancia institucional. Sobre estas aseguró que son juicios que “no sólo interesan a las partes sino también a terceros que no son parte en el proceso –casos de enorme trascendencia pública, que van más allá del interés de las partes. Cuando nosotros calificamos un proceso, un juicio, un litigio, como de trascendencia institucional, se hace una audiencia pública. Esta audiencia pública tiene por efecto escuchar a las partes en sus argumentos y normalmente escuchar a los amigos del tribunal que son aquellos que vienen a alegar en favor de una de las partes”. Además hay un objetivo de apertura, ya que, según sus propias palabras, “la justicia progresa, se expande y llega a la sociedad cuando todos tienen la misma oportunidad de llegar y decir su verdad. Entonces el primer presupuesto es que todos tengan su voz en la Corte. Esto es extraordinariamente importante en estas audiencias públicas porque se escenifica, se ve a estas personas y cada una con su verdad, con su modo de hablar, con sus costumbres. Esto produce un efecto cultural muy interesante. En estos casos hablan los actores con su cultura, con su lenguaje y esto es diversidad, acceso, expansión. Desde la Corte, nosotros promovemos estas audiencias porque tenemos más posibilidades de hacerlo, pero sería bueno que tengamos una estructura lo suficientemente flexible en todos los tribunales inferiores para poder llegar a este nivel de acceso”.
A partir de 2008, la Corte Suprema, con Lorenzetti a la cabeza, las puso en práctica, constituyéndose así en uno de los pilares fundamentales de la nueva comunicación del máximo tribunal.
La primera fue sobre un caso de libertad de expresión, “Patitó, José Ángel y otro c/Diario La Nación y otros”. Se llevó a cabo el 23 de abril de 2008. A partir de ahí se realizaron varias más, que pueden verse en la página del CIJ.
En ese año, además de la ya mencionada, se llevaron a cabo cuatro más: “Gentini, Jorge Mario y otros c/Estado Nacional – Ministerio de Trabajo y Seguridad s/ part. accionariado obrero”, “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – ley 25.873 dto. 1563/04 s/amparo”, “AFIP c/Intercorp S.R.L. s/ejecución fiscal”, y “Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/EN – PEN – ley 25.414 – dto. 1204/01 s/amparo”.
En 2009 se realizaron “Salas, Dino y otros c/ Salta, provincia de y estado Nacional s/amparo”, “Sánchez, Carlos Próspero c/ Auditoría General de la Nación”, “Pellejero, María Mabel s/ amparo s/apelación”, “Schroder, Juan c/INVAP S.A. y E.N. s/amparo”. En 2010 hubieron dos audiencias: “Santa Fe provincia c/ Estado nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, y “Provincia de Catamarca c/ Estado Nacional”.
En 2011, el 16 de marzo, se realizó una de las audiencias públicas más conocidas, la causa por la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo, formalmente conocida como “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y prejuicios”. A lo largo de los años iban a realizarse más audiencias sobre esta misma causa, tres en 2012, una en 2016, y una en 2018. Esta causa, con su fallo, y la relevancia que le dio la Corte Suprema al permitir las audiencias públicas, son muy importantes por lo que representan, y porque todo se originó a partir de un grupo de vecinos que presentaron acciones judiciales contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y más de 40 empresas por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo. La Corte en su fallo instó al Estado a dar respuesta a una grave situación socio ambiental.
Ese mismo año, 2011, también se realizó la audiencia pública por la causa «Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo». El tema de esta audiencia en particular fue el derecho a una vivienda digna.
En 2012, además de las tres audiencias por la causa Riachuelo, se realizaron otras tres: «Comunidad Indígena Toba La Primavera – Novogoh c/ Formosa, Provincia de s/ incidente de medida cautelar», «Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos y otros c/ Jujuy, Provincia de y otros s/ amparo», y «Asociación Derechos Civiles c/ EN-PAMI s/ amparo», sobre el acceso a la información pública.
En 2013 se realizaron las dos audiencias públicas que más expectativa generaron. En dos días consecutivos, 28 y 29 de agosto, se realizaron las audiencias por la llamada Ley de Medios, o la causa «Grupo Clarín SA y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ acción meramente declarativa». Sobre estas audiencias en particular, Lorenzetti en su libro “El arte de hacer justicia. La intimidad de los casos más difíciles de la Corte Suprema de Argentina”, aseguró que “fue una gran plaza pública de debate”.
Al año siguiente tuvieron lugar dos audiencias de una causa que también generó mucho ruido: la demanda que la modelo Belén Rodríguez presentó contra Google. La relevancia de estas audiencias tiene que ver con que en la causa se trataba la responsabilidad de los buscadores de internet, un tema que hasta ese momento había sido muy poco explorado.
En 2015 se celebraron dos audiencias públicas de causas relacionadas con derechos laborales: «Orellano, Francisco Daniel c/ Correo Oficial de la República Argentina SA s/ Juicio Sumarísimo», y «Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales».
En 2017 se realizaron cuatro audiencias sobre el tema de la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta. Además hubieron dos audiencias donde la principal protagonista fue el agua: «Buenos Aires, Prov. de c/ Santa Fe, Prov. de s/ sumarísimo – derivación de aguas», y «La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ uso de aguas».
En 2018 tuvieron lugar dos audiencias públicas sobre el desembarco de la cadena Farmacity en la provincia de Buenos Aires. En 2019 se realizó la audiencia «ESSO c/ Municipalidad de Quilmes» donde se debatió la autonomía de los municipios para establecer tasas y en el mismo año se realizó una audiencia pública sobre la prohibición a supermercados de abrir los días domingo («Shi c/ Municipalidad de Arroyito»).
Para este primer semestre hay acordadas varias audiencias públicas. La primera de ellas tendrá lugar entre el jueves 17 y viernes 18 de marzo. El motivo del litigio es una categoría legal discutida sobre todo en Europa y a la espera de precedentes en el país: el llamado “Derecho al Olvido” en Internet. Es el caso planteado por la actriz Natalia Denegri contra el buscador Google.
La siguiente será la relativa al tema del cannabis medicinal, donde se tratará el cuestionamiento a la constitucionalidad de la exigencia de someterse a un programa estatal de investigación experimental como condición para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales (exigencia prevista en el artículo 7 de la Ley 27.350 – de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados). Las audiencias tendrán lugar los días 27 y 28 de abril.
Las próximas serán serán sobre la preservación de especies en peligro de extinción y actividad económica –Yaguareté (en el marco de lo previsto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, donde se plantea la necesidad de resolver un pedido tendiente a la preservación del hábitat de especies en peligro de extinción, junto con la suspensión de la explotación productiva en la zona involucrada) y el status legal de los corredores inmobiliarios.