El pasado martes, se realizó la tercera y última jornada del curso “Grandes ejes del sistema acusatorio”, organizado por la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) y Públyca. En esta ocasión, Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, fue el encargado de exponer sobre lo que consideró algunos puntos centrales del sistema acusatorio y «el delicado equilibrio que se produce en el sistema acusatorio federal entre jueces y fiscales».
Según Borinsky, la piedra angular del sistema acusatorio procesal es la separación de funciones. «Los fiscales no pueden llevar adelante actos jurisdiccionales, los jueces no pueden llevar a cabo actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal. Esto nos permite poner en pie de igualdad a los jueces y a los fiscales en lo que tiene que ver con la distribución del poder interno de un proceso penal», aseguró.
En cuanto al rol de los fiscales, sostuvo que son los que tienen a su cargo la investigación, la promoción penal pública, y tienen la carga de la prueba. Además, consideró que hay dos principios generales que estaban en la ley orgánica y que ahora están en el sistema acusatorio: principios de objetividad y lealtad procesal.
Otra de las novedades en cuanto al rol de los fiscales tiene que ver con las técnicas especiales de investigación, como «agentes encubiertos, informante, entrega vigilada, colaborador eficaz, legislados y previstos en el Código Procesal Penal Federal para todos los delitos federales: narcotráfico, delitos contra la administración pública por intervención de funcionarios públicos, vinculados con los encuentros extorsivos, pero también en delitos contra el medio ambiente que tengan impacto superando la frontera de una provincia, lo que tiene que ver con el lavado de dinero o también con otros delitos económicos, delitos financieros, evasión fiscal, contrabando. Es decir, para el conjunto de los delitos federales se van a poder aplicar estas nuevas técnicas especiales de investigación», detalló Borinsky.
A continuación agregó que con la introducción de nuevos aspectos de investigación y nuevos aspectos en la instancia de juicio, la Cámara de Casación juega un papel fundamental como «máxima instancia penal federal que va a supervisar, controlar, mediante impugnaciones las decisiones de los tribunales de juicios federales de todo el país». Según el juez, este trabajo de revisión «va a dar lugar a la intervención a través de un Colegio de Jueces de la Casación, sin compartimentos estancos de distintas salas sino con la intervención rotativa de todos los magistrados en cuestiones de excusaciones, en lo que tiene que ver con cuestiones de competencia que se puedan originar entre los distintos tribunales, en las quejas por denegación de justicia previo a pronto despacho, cuando hay mora en la actividad judicial». Asimismo sostuvo que el concepto de los Colegios de Jueces es otra novedad «porque nos habla de un agrupamiento funcional sin necesidad de los compartimentos estancos que implica la distribución en las distintas salas, con la asistencia de la Oficina Judicial, que es otra de las novedades que nos trae el Código Procesal y que implica una oficina administrativa que despoja al magistrado de sus funciones de agenda y de organización administrativa. Hoy en día las impugnaciones de las decisiones de los tribunales federales de Salta y Jujuy actúa bajo esta dinámica, con esa asistencia de la Oficina Judicial para que el juez se pueda abocar de lleno a esa tarea jurisdiccional».
En cuanto a la instancia del juicio, Borinsky dijo que el juicio es «el núcleo central, el corazón de un proceso. Lo que era la instrucción, un resabio del sistema inquisitivo, que también se aplicaba en el mixto, estaba llevando mucho tiempo. La idea del sistema acusatorio, adversarial del Código Procesal Penal Federal es que el núcleo esté en el juicio, por eso se habla de una investigación penal preparatoria como etapa de recolección de pruebas y el juicio como el corazón, el nudo central del debate», enfatizó.
En este marco, Borinsky hizo referencia a dos etapas del debate. Una primera etapa que tiene que ver con la existencia del hecho, su calificación, la responsabilidad penal del acusado, con el fin de concluir en un veredicto: inocente o culpable. En la medida que es un veredicto de culpabilidad, se cita a «una segunda audiencia en la cual el objetivo es determinar los alcances de la pena: determinar la sanción a imponer, su modalidad, el lugar de cumplimiento, es decir todas las condiciones y características que se vinculen con la pena, o las penas».
Luego continuó con las principales características del juicio: la inmediación, la presencia continua de jueces y partes a lo largo de todo el proceso; la publicidad de todos los actos, el debate oral y público, las medidas protectorias de la intimidad o seguridad para evitar la divulgación de un secreto; la oralidad, las resoluciones que deben ser dictadas y fundamentadas verbalmente por los jueces y notificadas desde su pronunciamiento. En cuanto a la impugnación de la pena y el acceso a un tribunal superior señaló «que tiene que ver con el acceso al tribunal superior para que controle lo que hizo el inferior, basado en la fiabilidad del juicio humano: cuatro ojos van a ver mejor que dos».
Llegando al final, Borinsky destacó que el fin del proceso es la aplicación de la ley penal en cualquiera de sus dos sentidos, en tiempo oportuno. «Por eso la importancia en lo que tiene que ver con la aplicación de esa ley penal, la búsqueda de soluciones alternativas de conflictos, los acuerdos conciliatorios como otra de las novedades que nos puede traer este nuevo proceso penal, que gana en agilidad con esto de la continuidad en las audiencias, con tribunales integrados completamente para que todos los tribunales puedan llevar adelante todos sus procesos penales con agilidad, eficiencia y transparencia», concluyó.
De esta forma llegó a su fin el curso “Grandes ejes del sistema acusatorio”, que contó también con la participación de Diego Molea, presidente del Consejo de la Magistratura – encargado de la apertura – y Diego Barroetaveña, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, en la primera jornada, y Mariana Catalano, jueza de la Cámara Federal de Salta, en la segunda.