Comenzó el curso “Grandes ejes del sistema acusatorio”

9 de noviembre de 2021
Disertaron Diego Molea y Diego Barroetaveña. Fue organizado por la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) y publyca.org

Diego Molea, presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, y Diego Barroetaveña, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, participaron de la primera jornada del curso “Grandes ejes del sistema acusatorio”.

El curso es organizado por la Asociación de Jueces Federales (AJUFE)publyca.org, y se completará los próximos 17 y 23 de noviembre, con las exposiciones de la jueza Mariana Catalano, integrante de la Cámara Federal de Salta, y del juez Mariano Borinsky, miembro de la Cámara Federal de Casación Penal.

El encargado de la apertura fue Molea. El titular del Consejo de la Magistratura habló sobre los grandes desafíos del Poder Judicial y algunos cambios necesarios para mejorar el servicio de justicia. “Hay una sociedad que nos interpela, y ante eso la mejor respuesta que podemos dar como miembros del Poder Judicial es encontrarnos en estos ámbitos de discusión, debate y reflexión. Tenemos un Poder Judicial pensado en el Siglo XIX desde la Capital Federal, y hoy necesitamos tener un abordaje más federal, escuchar más voces, entender que nuestro país y nuestra sociedad nos demandan un abordaje más amplio, integrador, donde todas las voces y miradas puedan ser escuchadas y ser parte”, expresó.

Diego Molea

A lo largo de su disertación, Molea hizo hincapié en la necesidad de que todos los actores del Poder Judicial -jueces y juezas, fiscales, abogados y abogadas, empleados y empleadas judiciales- participen del proceso de repensar la justicia, ya que “hoy nuestra Justicia está siendo interpelada, y ante eso es tiempo de sentarnos y escucharnos”.

En relación con esto, se refirió a algunos cambios específicos que se están dando dentro del Consejo de la Magistratura, órgano que él preside. “Desde el Consejo empezamos a darle una política de mayor transparencia y celeridad a los concursos. Lo importante es lo que estamos buscando en el perfil de magistrados, como la perspectiva de género. Esto es una política de Estado innegociable, y es lo que consideramos una de las necesidades importantes para este cambio de paradigma que estamos dando y que estamos aportando al Poder Judicial”, aseguró. También mencionó la necesidad de un cambio en la comunicación, ya que -según él- “más transparencia y publicidad de los actos nos van a ayudar a poder tener un Poder Judicial más cercano a los problemas que tiene día a día nuestra comunidad”. 

A continuación, Molea sostuvo la importancia de la implementación urgente del nuevo Código Procesal y del sistema acusatorio, y en este punto subrayó la necesidad de definir un procurador general. “Los espacios interinos carecen de la legitimidad y la fortaleza necesaria para llevar adelante estas reformas y estas puestas en funcionamiento”, manifestó, y luego explicó que la Procuración es una organización vertical, y el rol del procurador es central para llevar adelante esta implementación del nuevo Código.

Hacia el final, el presidente del Consejo de la Magistratura mencionó también a los otros poderes del Estado, ya que, según su punto de vista, los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo deben trabajar mancomunadamente y abrir mesas de diálogos para debatir y construir un nuevo Poder Judicial. “Nuestro mayor desafío es poner sobre la mesa qué Poder Judicial queremos. Y ese Poder Judicial, con reglas claras, con lazos claros entre todos los actores, eso es lo que se viene por delante”, aseguró. 

A continuación llegó el turno de Diego Barroetaveña, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que sostuvo que el nuevo Código Procesal Penal Federal «ha sido un acto de madurez de la política», ya que tuvo su preparación durante el gobierno que estuvo desde el año 2011 hasta el 2015, pero en el 2015, con el gobierno siguiente, «se entabló una conversación interesante donde no echaron por la borda todo aquello que se había trabajado y que había decantado en la ley 27.063. Hubo un acuerdo político en ese momento», enfatizó.

Diego Barroetaveña

También consideró que con el nuevo Código Procesal Penal «hay un cambio de paradigma, un cambio mental muy importante: pasamos del todopoderoso juez de instrucción a un fiscal que es el director de la investigación, con un juez de garantías que tiene un rol totalmente distinto. Eso genera un cambio de paradigma muy importante en aquellos que están acostumbrados a los dos jueces, a seguir adelante las investigaciones, a recabar la prueba, allanar, detener. Ahora, todo eso pasa a manos del fiscal y del Ministerio Público Fiscal». 

Posteriormente, el juez expuso los que para él son los ejes principales de la reforma. En cuanto a la etapa del juicio, apuntó que uno de los pilares del juicio es la inmediación, «la presencia ininterrumpida de todas las partes», pero también la publicidad del debate oral y público, y la oralidad. Por otro lado, Barroetaveña sostuvo que el contexto de la pandemia implicó nuevas formas y modalidades de trabajo para el funcionamiento de los tribunales.

«Los juicios presenciales se reemplazaron por los denominados virtuales o de producción telemática, que ocurrieron no sólo en nuestro país sino en todo el mundo. Desde mi manera de ver las cosas, hay muchos instrumentos y muchos institutos que a la fuerza se fueron digitalizando que creo que han llegado para no irse, más allá de que se supere este estado de pandemia», indicó.

Asimismo, consideró que la oralidad continúa presente en esta nueva modalidad «toda vez que la audiencia se lleva adelante mediante la palabra hablada, la prueba continúa siendo expuesta y discutida de manera verbal, con la presencia ininterrumpida de todos los participantes del proceso».

Luego se detuvo en otro eje de la reforma que es la posibilidad de aplicar medidas alternativas de la prisión preventiva, que a diferencia de otros aspectos sí tuvo aplicación en todo el país. Sobre esto, sostuvo que la prisión preventiva es la medida de coerción personal más intensa en todo el sistema procesal y la última ratio de acuerdo a la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (caso Peirano Baso vs Uruguay, Bayarri vs Argentina, entre otros). En este sentido, hizo hincapié en que «no debe ir más allá de los límites necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la Justicia, es decir cuando los riesgos procesales o el peligro de fuga sean tan intensos que ninguna de las medidas alternativas que establece el nuevo Código Procesal sean suficientes para neutralizarlas».